Deudores de alimentos podrían quedar fuera de casinos: abogadas advierten desafíos
Proyecto de ley busca ampliar las sanciones para quienes no pagan la pensión de alimentos, pero
especialistas advierten sobre posibles problemas en su aplicación y en el respeto de derechos
fundamentales.
El Congreso está evaluando una iniciativa legislativa que impediría a quienes no cumplen con sus
obligaciones de pensión de alimentos ingresar a casinos, hipódromos y otros recintos de apuestas. La
propuesta busca complementar otras medidas vigentes, tales como la retención de impuestos y la
suspensión de licencias de conducir, intentando reforzar el cumplimiento de las obligaciones de
manutención.
Desde 2022, el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos impone sanciones que
incluyen la prohibición de acceder a créditos bancarios o renovar pasaportes, entre otros. Ahora, se
contempla que los establecimientos de juego verifiquen la situación de los clientes mediante el
acceso directo a dicha base de datos o a través de un certificado emitido por el Registro Civil que
acredite la inexistencia de deuda.
La implementación de esta medida genera dudas entre los expertos, según lo evidencian desde el
estudio jurídico Abogada Virtual. Daniela Tapia, socia fundadora del buffet, señala que «la aplicación
de sanciones de este tipo requiere una coordinación estricta entre diversas instituciones, no solo
para asegurar su eficacia, sino también para evitar vulneraciones de derechos fundamentales, como
la privacidad de las personas». Además, Tapia subraya que la medida podría verse afectada por
problemas técnicos o la falta de un marco claro para la verificación de la información.
Por su parte, Lissete González, abogada, socia y fundadora del estudio jurídico experta en derecho de familia, advierte que «las sanciones
deben ser proporcionales y no contravenir principios constitucionales, ya que una medida que afecte
las libertades de los ciudadanos sin un debido proceso podría ser impugnada en tribunales».
González enfatiza que, en lugar de imponer nuevas restricciones, debería priorizarse una mejor
fiscalización de las deudas y una mayor eficiencia en el sistema judicial para asegurar que los
recursos lleguen a quienes realmente los necesitan.
